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La caja de pandora se abrió en las élites mexicanas, ya que una filtración con alrededor de casi 12 millones de documentos reveló cómo algunos de los personajes más ricos y poderosos del mundo recurren a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos del alcance de las autoridades fiscales.
Entre ellos figuran los dueños de ASUR y el aeropuerto de Cancún, la familia Chico Pardo, así como los propietarios de cadenas hoteleras como Camino Real de Olegario Vazquez Raña, o los del Grupo Coppel, además del hotelero Moisés Cosío o el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa.
De acuerdo a las investigación Internacional #PandoraPapers, en la que participaron 150 medios de 117 países, entre los 3 mil mexicanos que figuran en los Papeles de Pandora, destacan los apellidos de los hombres más ricos de México: Slim, Vazquez Raña, Scherer, Salinas Pliego, Azcárraga, Chico Pardo, Aramburuzabala y Bailleres, entre otros; y si bien algunos de ellos reforzaron sus fortunas, otros más las aumentaron considerablemente durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
Estos apellidos que se distinguen por ser herederos de grandes fortunas o grupos empresariales, acostumbran canalizar parte de sus fortunas en paraísos fiscales y bancarios. La investigación revela que todos, o prácticamente todos, los multimillonarios del país han sido clientes de la industria offshore y usuarios de su amplia gama de servicios, que van desde estructuras de “optimización fiscal” –para pagar menos o ningún impuesto–, para controlar bienes en el extranjero o para eliminar sus huellas de ciertas operaciones.
En el caso de Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador que renunció el pasado 2 de septiembre, era en 2017 el único propietario de una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de 3202 Turn Ltd. La entidad, según el registro del despacho financiero Trident, tenía activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado.
Las acciones de la sociedad las había recibido en 2011 de manos de una familia de empresarios de México que estaban entre sus principales clientes. De acuerdo a los documentos a los que ha tenido acceso esta investigación (registros de accionistas, actas constitutivas, bases de datos, entre otros) esa compañía offshore posee el 100% de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, un tipo de estructura financiera conocida como LLC.
Bajo el mismo nombre que la compañía en las Islas Vírgenes, hay registrada una en Florida: 3202 Turn LLC. Esa compañía es, a su vez, propietaria de un lujoso departamento con vistas al mar en una exclusiva zona de Miami. El inmueble fue comprado en 2008 por 1,2 millones de dólares, pero actualmente alcanza un valor de mercado de 1,5 millones. Pese a que la entidad en las Islas Vírgenes quedó inactiva en 2019, un año después de que Scherer pasó a formar parte del Gobierno mexicano, la compañía en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami.
Durante cerca de un año el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) coordinó la investigación, en la que participaron activamente cerca de 600 periodistas alrededor del mundo, quienes analizaron los millones de correos electrónicos, actas de registros, informes financieros, formularios o folletos de las firmas –principalmente Trident Trust, en las Islas Vírgenes Británicas (BVI); Alemán; Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), de Panamá; y Asiaciti, en Singapur– para ofrecer un nuevo vistazo inédito a las entrañas del mundo offshore.
Y aunque el actual secretario de Comunicaciones y transportes ha sido vinculado a este grupo y aparece en la lista , el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lo defiende argumentando que fue «transado».
En su conferencia de prensa, en la Escuela Militar de Sargentos, el titular del Ejecutivo dijo que en el caso del exconsejero Jurídico de Presidencia Julio Scherer; el senador Armando Guadiana (Morena) y la pareja del titular de CFE Manuel Bartlett, Julia Abdala, que no forman parte del gobierno tendrán que aclarar con las autoridades correspondientes.
Arganis, quien llegó al Gabinete de López Obrador para sustituir a Javier Jiménez Espriú en julio de 2020, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas. Entre 1998 y 2003, el actual titular de Comunicaciones y Transportes tuvo un poder general. La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EE UU por un fraude multimillonario. Aunque Arganis ha reconocido su participación en la sociedad, ha señalado a través de un escrito que fue creada como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes.
“Aclaro que mis recursos eran producto del ejercicio profesional en el sector privado”, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes y agregó que aún no ha recuperado su inversión, pero no aclara si sigue vinculado a la firma ni si declaró esos bienes ante las autoridades mexicanas. Y la empresa no está incluida en la declaración patrimonial que debe presentar como funcionario público.
En la cartera de clientes de Stanford también figura Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y secretario de Agricultura con Peña Nieto, con dos fideicomisos estadounidenses: Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust.
“Se supone que a través de la figura del fideicomiso o de la offshore la idea es esconder papel tras papel tras papel a quién pertenece realmente”, apunta Iván Octavio Rojas, presidente del Colegio Fiscal de México. Mientras que el abogado Luis Pérez de Acha señala que a menudo se justifican estas operaciones como “dinero legalmente oculto” para administrar un patrimonio o por cuestiones de seguridad, sobre todo en países con índices delictivos como México.
Sin embargo, estas estructuras suelen ser tan opacas que pueden convertirse en campo fértil para delitos como lavado de dinero, fraude fiscal y actos de corrupción. “Son empresas fantasma”, afirma Pérez de Acha.
Aunque México cuenta con acuerdos de intercambio de información fiscal con algunas jurisdicciones, como las Islas Vírgenes Británicas, es poco común que ocurran este tipo de peticiones. Fuentes diplomáticas consultadas corroboraron que es muy complicado para las autoridades mexicanas monitorear la actividad de inversionistas offshore.
Cabe destacar que en enero del año pasado entró en vigor la Reforma Fiscal Penal, con la promesa de atacar la evasión y el fraude fiscal, justo en su conferencia mañanera del 20 de agosto del 2020, dijo el presidente “que se había acabado la fiesta de las empresas fantasma”, y aunque el mensaje político-mediático fue muy poderoso, ya pasó año y medio y no ha sucedido nada.
A pesar de los esfuerzos por acabar con las condonaciones a los grandes contribuyentes, México sigue teniendo una tasa de recaudación de impuestos que fluctúa entre el 14% y el 17% con relación al PIB, según distintas metodologías, menos que el 22,9% que promedia América Latina y que el 33,8% de los países de la OCDE.
