En la total incertidumbre quedan empresarios y hoteleros ante la suspensión del PDU del municipio de Benito Juárez por parte de la Suprema Corte de justicia del estado, luego de que un par de días atrás se dio a conocer que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo concluyó que es ilegal el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, luego de un juicio promovido por un grupo empresarial y organizaciones civiles.
El magistrado anuló la licencia de construcción emitida por el Ayuntamiento de Benito Juárez a favor del grupo hotelero Riu Riviera-Cancún, de 536 habitaciones y una inversión anunciada de 95.6 millones de dólares en un predio ubicado en Punta Nizuc por ser una zona ambientalmente frágil y a pesar de que en ese entonces el proyecto no contaba aún con la autorización de impacto ambiental.
La anulación del PDU de Cancún abre la posibilidad jurídica para que cualquiera pueda ampararse contra todos los actos administrativos realizados al amparo del PDU aprobado en la pasada administración municipal, incluyendo cambios de uso de suelo y autorización de licencias de construcción, y detiene la posibilidad que cualquier proyecto se pueda realizar en tanto no habrá un ordenamiento legal en vigor, como revela larazon.
El origen de esta medida se encuentra en un litigio entre la familia Cosío, propietario del Grupo Hotelero Las Brisas, y la familia Riu, dueños de la cadena del mismo nombre, a raíz del hotel que los españoles querían levantar junto al de los mexicanos, a quienes no gustó que junto a su hotel de lujo hubiera un todo incluido con precios más económicos.
La anulación del PDU significa evitar que se construya un hotel, pero también la paralización del desarrollo de Cancún, además de que la posibilidad de revocar licencias ya emitidas, de abrir puertas a conflictos jurídicos que detendrían el desarrollo, lo que alarma sumamente al destino y a los hoteleros, que se encuentran cada vez más distanciados del Gobierno regional, como ha venido informando REPORTUR.mx (Cada vez más alejados en Cancún los hoteleros y el Gobierno estatal).
El empresario Francisco Córdova Lira, según marcrix, lamentó que “así como tenemos el primer lugar de empleo, tenemos el primero en impunidad, tenemos el segundo o el primero de corrupción y desafortunadamente tenemos el primer lugar de Poder Legislativo, tanto a nivel estatal como municipal con funcionarios que no tienen la más mínima moralidad o un desconocimiento total de cómo legislar”.