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El Congreso de Quintana Roo impulsa una reforma que obliga a los propietarios de la renta vacacional como la plataforma Airbnb a validar el parentesco de adultos y menores con el objetivo de disminuir el abuso sexual.
En caso de no hacerlo, estarán incumpliendo la infracción de omisión y serán acreedores a multas de entre 12 mil a 105 mil pesos, además de perder el permiso para continuar operando en la entidad bajo esta modalidad de alojamiento, informa Sipse.
Hugo Alday Nieto, diputado promotor de esta reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, manifestó que se trata de una estrategia para combatir el turismo sexual en el Estado, el cual se ha convertido en un tema preocupante para las autoridades.
La preocupación del sector turístico por este tipo de delitos ha impulsado a que las hoteleras como Riu dictaran cursos de capacitación, como reveló REPORTUR.mx (Riu capacita a sus trabajadores para detectar la explotación sexual).
