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Se llama Kathryn Kimball Mizelle. Es juez federal de Florida y acaba de armar un lío espectacular en Estados Unidos. O desarmar, más exactamente: desarmó toda la legislación nacional (federal) para el uso de la mascarilla obligatoriamente en los aviones, según pudo comprobar REPORTUR.us.
Este lunes, esta jueza, a quien se le atribuyen vinculaciones con el sector de Donald Trump, dictaminó que el requisito de uso de la mascarilla en el transporte público, como es el caso de los aviones, era inconstitucional porque excedía la autoridad de los comités técnicos para el control de enfermedades (CDC) y la agencia de salud no proporcionó razonamiento alguno que justifique el mandato.
De inmediato, las aerolíneas empezaron a no exigir el uso de mascarillas. Pero el asunto aún puede ir a más porque el Departamento de Justicia anunció el martes que si los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinan que las mascarillas siguen siendo necesarias, apelará la decisión de la juez de Florida, lo cual también se puede leer en sentido inverso: si no lo determinan, no apelará y se habrá acabado el uso de estas en los aviones, lo que marca una tendencia mundial porque Estados Unidos es un referente.
Sin embargo, la administración Biden dice por el momento que n el transporte «no está de acuerdo con la decisión del tribunal de distrito», según el portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, en un comunicado de prensa. El poder ejecutivo «apelará, sujeto a la conclusión de los CDC de que la orden sigue siendo necesaria para la salud pública», agregó.
«El Departamento sigue creyendo que la orden que exige el uso de máscaras en el transporte es un ejercicio válido de la autoridad que el Congreso le ha otorgado a los CDC para proteger la salud pública. Esa es una autoridad importante que el Departamento seguirá trabajando para preservar», dijo Coley.
«El 13 de abril de 2022, antes de la decisión del tribunal de distrito, los CDC explicaron que la orden permanecería en vigor mientras evaluaba las condiciones de salud pública actuales y que la Administración de Seguridad del Transporte extendería su directiva de implementación de la orden hasta el 3 de mayo para facilitar la evaluación de los CDC. ,» él dijo. “Si los CDC concluyen que sigue siendo necesaria una orden obligatoria para la salud pública después de esa evaluación, el Departamento de Justicia apelará la decisión del tribunal de distrito”, concluyó el portavoz.
