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El presidente de Argentina, Javier Milei, establece la cesión parcial o total del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y Austral a los empleados de las respectivas empresas en el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 en el cual declara la emergencia económica del país.
De este modo, el mandatario modifica el artículo 4° de la Ley N° 26.412 (Rescate de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas por el Estado Nacional). Además, cambia el artículo 5° de la Ley N° 26.466 (Utilidad Pública de Aerolíneas Argentinas) , por el siguiente: “Autorízase la cesión total o parcial de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas (Optar S.A., Jet Paq S.A., Aerohandling S.A.) de conformidad con el Programa de Propiedad Participada. La cesión de los nuevos derechos se prorrateará entre los empleados que decidan participar en dicho programa de ampliación. Los empleados que participen de más de una de estas empresas deberán optar por su participación en una de ellas.”
De esta manera, Milei cumple con la promesa de campaña de “regalarle» la aerolínea de bandera a sus empleados para que la gestionen y operen sin ayuda del Estado Nacional. (Sorpresa en AR: personal rechaza que Milei les regale la empresa)
En las primeras páginas el Decreto de Necesidad y Urgencia detalla: “Se introducen modificaciones a las Leyes Nros. 26.412 y 26.466 a los fines de permitir la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima a sus empleados”.
Esta medida está incluida dentro de la desregulación de la política aeronáutica argentina que “ha limitado fuertemente el desarrollo de la industria aerocomercial, pilar fundamental no solo de su integración federal, sino fundamentalmente del desarrollo económico y turístico”.
Y continúa: “Por eso, es imperativo un reordenamiento integral de la legislación aerocomercial para dotar al mercado de un entorno competitivo que otorgue la suficiente flexibilidad para llegar a todas las ciudades argentinas”.
La emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025. Son 300 medidas enfocadas sobre el siguiente precepto: “El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.
