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La recientemente creada Comisión de Turismo del Frente para Todos denunció días atrás el accionar del Secretario de Turismo (ex Ministro) Gustavo Santos por impulsar la cobertura de cargos en la Secretaría de Turismo.
Dicha Comisión habría sido creada en julio pasado en la previa a las elecciones y, según su propia presentación, afirman que Argentina – de la mano de Alberto y Cristina– constituirá un potente generador de empleo, posicionará al país nuevamente en el ámbito internacional y recuperará la potencialidad del turismo interno, con más turistas y trabajo activo de las empresas.
La denuncia que esta comisión realiza apunta a convocatorias laborales del actual gobierno macrista que incluiría dos cargos directivos con salarios de más de 113 mil y 94 mil pesos mensuales, correspondientes a la Dirección de Legislación y a la Dirección de Despacho de la Secretaría de Turismo.
El gobierno entrante exige la anulación de este concurso, cuyos puestos se ocuparían días antes a que asuma la nueva gestión. En caso contrario, dicen que anularían esos cargos de planta permanente y sólo contemplarían a quienes hayan sido designados hace más de un año.
El pedido o “prohibición” de estos nombramientos a simple vista parece sensato pero lo llamativo es que sea exhortada por el gobierno que vuelve, que es ésta es una práctica que ha ejecutado en varias ocasiones, no en turismo particularmente, pero sí en otros organismos. El caso más cuantioso en este sentido fue el de la agencia tributaria. Antes de que culmine la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el ejecutivo nombró a cientos de agentes de la AFIP a planta permanente.
