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El gobierno colombiano en cabeza del ministro de Transporte Guillermo Reyes ha denunciado penalmente a Fast Colombia S.A.S., Viva Air, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada en modalidad masa, ofrecimiento engañoso de productos y servicios y otros.
Esta denuncia como consecuencia “del intempestivo cierre de las operaciones por parte de la aerolínea Viva Air, los traumatismos, perjuicios causados a miles de colombianos y la evidente paralización en la prestación del transporte aéreo, considerado como un servicio público esencial”, señaló el ministerio.
Así mismo, dio a conocer en lo que está sustentada la denuncia, donde menciona cuatro puntos. En primer lugar que la aerolínea recaudó antes del cese de las operaciones ocurrido el pasado 27 de febrero de 2023, una suma que asciende (de manera preliminar) a los 272 mil millones de pesos, por concepto de la venta de tiquetes aéreos, tiqueteras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes. En segundo lugar que la aerolínea Fast Colombia S.A.S. (VIVA) mantuvo abiertos sus canales comerciales para la venta de sus servicios hasta unas horas antes de cerrar las operaciones evidenciando dolo por parte de la compañía (Colombia: Viva haría perder a las agencias millonaria suma de dinero)
En tercer lugar, que la aerolínea sabiendo que no podía cumplirle a sus usuarios los mantuvo en error, generándoles expectativas respecto de sus vuelos que no podía materializarse. Y por último y cuarto punto, que a la fecha la aerolínea no ha realizado reembolso alguno a los miles de afectados, vulnerado con ello el patrimonio económico de los colombianos que adquirieron sus servicios.
Además, menciona que la actuación de Viva “generó la afectación al derecho fundamental de locomoción de miles de colombianos y obedeció, presuntamente, a presiones indebidas frente a las autoridades administrativas para acelerar la decisión respecto del trámite de integración con otra aerolínea solicitada meses atrás”.
El Gobierno señaló que garantiza y respeta el derecho fundamental al debido proceso dentro de todas las actuaciones administrativas que se están surtiendo en contra de la aerolínea por parte de las autoridades del sector; pero rechaza vehementemente cualquier actuación que vaya en contravía de la Constitución Política y la ley, concretamente en lo que atañe a las disposiciones que regulan la prestación del servicio de transporte aéreo”, comunicó el ministerio.
“Confiamos en que la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal y en el marco de sus competencias constitucionales, determinará no solo si las conductas denunciadas revisten características de delito, sino también, qué personas deberán ser judicializadas en calidad de presuntos autores y/o partícipes de los hechos que se han puesto en consideración del ente investigador y acusador por parte del gobierno”, finaliza la comunicación del ministerio.
