Deja un comentario Las tres grandes capitales turísticas de Occidente, Nueva York, Londres y París, que son las que más llegadas de turistas extranjeros reciben en Europa y EEUU, están optando por lo contrario a lo que viene haciendo en general España en materia turística: regular y restringir al máximo el negocio de plataformas como Airbnb, como también ha hecho Berlín o Barcelona, como desgrana esta sección Fin de semana de análisis en REPORTUR.
La última en sumarse a ello fue la Ciudad de México, donde a partir de este 2017 Airbnb y HomeAway tendrán que pagar el 3 por ciento de impuesto sobre hospedaje, lo cual hará más leal la competencia a los hoteles establecidos de estos servicios de alojamiento o albergue móvil temporal en casas y departamentos (Airbnb y HomeAway pagarán impuesto de hospedaje en CDMX).
No es así por ejemplo en España, que cerró 2016 con una cifra récord de visitantes internacionales, al superar los 70 millones de turistas, tal y como anunciaron a bombo y platillo las autoridades. Este dato, que le sitúa entre las tres mayores potencias turísticas a nivel mundial, no hizo sino acrecentar las dudas en torno al modelo existente, al primar la cantidad de viajeros frente a la calidad.
El gasto medio del turista durante los dos meses principales del verano descendió en 2016, revelando que la calidad del visitante está disminuyendo estimulado en gran parte debido al auge provocado por compañías como Airbnb, que ofrecen alojamientos vacacionales sin una clara regulación que desemboca en la masificación de gente, lo que a su vez se traduce en brotes de turismofobia en las zonas más afectadas.
Siguiendo el ejemplo de estas grandes capitales turísticas, se espera que en 2017 España tenga una regulación a nivel estatal para plataformas como Airbnb. El nuevo Gobierno pretende regularizar la situación con una normativa específica para las empresas que se dedican a la economía colaborativa, ya que actualmente las competencias de alquiler vacacional las tienen las Autonomías y los Ayuntamientos.
No obstante, el problema de la masificación turística no es exclusivo de España. La falta de planes turísticos en el país, unido al ‘boom’ de estos años ante la creciente inestabilidad en el Magreb son fenómenos propios de España, aunque las grandes capitales de todo el mundo sí han reaccionado ante un crecimiento turístico descontrolado y ajeno a cualquier planificación urbanística e incluso tributaria.
EJEMPLOS. Nueva York, que es el principal mercado que tiene Airbnb, no se ha librado de las polémicas ni de las restricciones a Airbnb. El gobernador de la ciudad norteamericana endureció las leyes a los usuarios de las viviendas alquiladas a través de la plataforma con multas de hasta 7.500 dólares.
Conscientes del gran volumen de negocio existente en Nueva York, negociaron una serie de medidas con las instituciones para poder seguir llevando a cabo su actividad, como exigir a todos sus usuarios una inscripción en un registro accesible para las autoridades.
Londres ha sido la última en modificar su legislación y los propietarios tienen ahora un límite de 90 noches para alquilar sus viviendas en la capital británica, lo que podría suponer para Airbnb unas pérdidas de hasta 350 millones de dólares en reservas.
Anteriormente, el pasado noviembre, lo había hecho París. La alcaldía de la capital francesa presentó un plan estratégico para tener controlados y registrados todos los pisos, apartamentos y casas que se pusieran en alquiler para los turistas. El objetivo principal de esta decisión es que Airbnb tenga que solicitar el número de registro a cada propietario de las viviendas que se pongan en alquiler para poder tener un mayor control de la proliferación de este tipo de negocios.
Berlín fue otro caso de políticas similares. La capital alemana puso coto en mayo al alquiler vacacional a través de plataformas como Airbnb, al prohibir arrendar un apartamento entero a por periodos de corta duración sin contar con un permiso oficial. Los que incumplan la normativa se enfrentaron a multas de hasta 100.000 euros.
ESPAÑA. En noviembre, el Ayuntamiento de Barcelona sancionó a Airbnb y a Homeway con 600.000 euros cada una al entender que ofrecen viviendas turísticas sin licencia “de forma reincidente”. Según la alcaldesa Colau, “no es asumible que haya miles de pisos operando de forma ilegal, sin pagar impuestos y causando perjuicios a las comunidades de vecinos”.
Según el consistorio, las dos plataformas “no han colaborado con la Administración y han obviado los requerimientos”. Recordaron entonces desde el Ayuntamiento de Barcelona que “a cada plataforma ya se les impuso una sanción de 30.000 euros por no dejar de anunciar pisos sin número de licencia y no facilitar los datos de estos alojamientos” con lo que tras recibir la notificación “no dejaron de hacerlo” y “dada la reincidencia, la tipificación de la infracción pasa de ser de grave a muy grave; sancionable con una multa de 30.001 a 600.000 euros”.
También al cierre de esta edición la Agencia de Turismo de la Comunidad Valenciana había iniciado un proceso sancionador contra Airbnb por publicitar en su sitio web viviendas turísticas sin número de registro. Gracias al trabajo de investigación de los inspectores, se detectó la existencia de apartamentos que no tenían número de registro, saltándose la normativa vigente y las gestiones iniciadas en 2015 para que Airbnb regularizara su situación en la Comunidad Valenciana.
Por este motivo, la Administración regional decidió abrir un expediente sancionador, y la compañía norteamericana dispone ahora de seis meses para presentar sus alegaciones por la multa recibida, que podría llegar hasta los 30.000 euros.
En Baleares, el Gobierno de la socialista Francina Armengol prohibirá el alquiler turístico por habitaciones. Sí la totalidad de la vivienda pero no parcialmente. Así lo contempla el borrador de la Ley Turística, en fase de alegaciones, que establece que “no se permite la formalización de contratos para habitaciones o hacer coincidir en la misma vivienda usuarios que hayan formalizado contratos diferentes”.
Con todo, desde Vicepresidencia y Consejería de Turismo de Baleares no tienen cuantificada la oferta actual de habitaciones en las Islas pero aseguran que lo controlarán a través de las páginas en internet. En este sentido, su directora general, Pilar Carbonell, reconoce que “sabemos que no será fácil, pero vamos a intensificar los esfuerzos para realizar un control más exhaustivo”.
Así, la falta de planeación turística y de la concreción de un modelo definido puede revertirse gracias a un ‘boom’ descontrolado como el generado por Airbnb, como están demostrando los grandes referentes mundiales del turismo urbano.
