Deja un comentario En tanto OHL anuncia el torneo de golf en El Camaleón, sede del único PGA en su hotel Mayakoba, Juan Miguel Villar Mir, titular del consorcio español, podría ser llamado a declarar por el caso de las grabaciones de la empresa con autoridades mexicanas, de acuerdo con Dinero en Excélsior. Esto, si así lo solicita el asesor jurídico de Infraiber, Paulo Díez, ya que se habla de que el empresario español tenía información reservada sobre acciones que no había ejecutado la autoridad judicial mexicana.
Como señalamos a principios de mayo, OHL abrió una investigación sobre contratos en México, después de la difusión de conversaciones entre presuntos ejecutivos de la empresa, sobre el aparente cobro de sobre costos por un tramo de una autopista local, de lo cual ha dado cuenta REPORTUR.mx.
El 7 de septiembre el consejero delegado de OHL dio una conferencia de prensa, en la que afirmó que el escándalo de OHL México estaba cerrado. Por su parte, Juan Miguel Villar Mir aseguró que ya habían presentado denuncias penales en contra de los directivos de Infraiber, quienes, manifestó, ya se habían fugado del país.
Horas más tarde, el asesor jurídico de Infraiber, Paulo Díez, fue detenido por unos 14 elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), que de acuerdo con Díez, fue inadecuado y tuvo como fin el sembrarle un arma.
Ante estos hechos, la PGR anunció el inicio de una investigación por presuntas irregularidades de los funcionarios. Ya que, se afirma, Villar Mir tenía información privilegiada, pues de acuerdo con el abogado de Infraiber, ningún funcionario de dicha empresa ha sido notificado de ninguna denuncia penal en su contra y que, ninguno se encuentra fugado de la acción de la justicia.
Si el proceso avanza como es debido, Díez tendrá derecho a obligar a Villar Mir a comparecer ante los tribunales mexicanos sobre la información que tenía sobre acciones que no había ejecutado la autoridad.
El abogado ha aseverado que el tema de fondo es que Infraiber fue contratada por el Estado de México para medir los aforos del Circuito Exterior Mexiquense y según sus mediciones la empresa ya obtuvo la rentabilidad pactada y, por lo tanto, la vía debe ser devuelta al gobierno del estado para que determine qué hacer con ella, entre lo que podría estar una nueva concesión para maximizar los ingresos del estado.
