Deja un comentario El desarrollo de uno de los más ambiciosos proyectos turísticos en Barú tiene enfrentadas hoy a dos de las familias más poderosas del país: los Santo Domingo y los Echavarría, con el Gobierno en medio del pulso, que también hace parte del negocio, ya que la empresa Playa Blanca Barú tiene como socios a la Nación –a través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade)– con 49%; a Valorem, del Grupo Santo Domingo con 26,47%, y a Inmobiliaria Barú, de propiedad de Gabriel Echavarría, miembro de la familia propietaria de la Organización Corona, con 24,53%.
El proyecto para la única playa blanca al lado de Cartagena, según Dinero, estaría conformado por una combinación de más de mil viviendas, dos hoteles, un centro comercial y un gran campo de golf, pero se bloqueó porque de acuerdo con Echavarría, el Grupo Santo Domingo insiste en que se haga otra capitalización para desarrollar el terreno, lo cual implicaría bajar la participación de Fonade a 35%.
El Grupo Santo Domingo, sobre nuevas capitalizaciones, mediante voceros de Valorem, aseguraron que serán la junta directiva y la asamblea de Playa Blanca Barú las que deberán tomar una decisión al respecto, la cual dependerá exclusivamente de si se quiere o no el capital, y aclaran que no tiene interés de quedarse con el control del proyecto, pues “Valorem no está interesado en cambiar su participación accionaria ni en el proyecto, ni en la sociedad”.
José Alejandro Bayona, gerente encargado de Fonade, afirma que nadie le ha comunicado ninguna intención de diluir a Fonade, y agrega que el Gobierno no lo permitiría, pues considera que debe seguir siendo el socio mayoritario del proyecto. “Bien sea porque vamos a colocar los recursos que se requieran para el funcionamiento de la sociedad o porque otra entidad del Estado entre al proyecto, lo que es un hecho es que no estamos dispuestos a que Fonade pierda participación. Ha sido una directriz de la junta directiva de la entidad y frente a los recursos que se requieran en 2015 para las actividades que tienen que ver con Playa Blanca Barú, Fonade aportará lo equivalente para mantener su 49%”, agrega.
Echavarría aclara que buscó a Terranum, firma afiliada al grupo Santo Domingo, para que se hiciera cargo del desarrollo de lo que sería el ancla del proyecto en unas 20 hectáreas ubicadas en la zona de La Puntilla. Después de un año de negociaciones, entre 2011 y 2012, y cuando estaban a punto de firmar, Terranum desistió argumentando que no había garantías de éxito. En esa misma época, recuerda Echavarría, los Santo Domingo estaban tratando de realizar un proyecto en Cartagena con el Four Seasons, en la zona de El Arsenal, pero no llegaron a un acuerdo, lo que para él pudo haber influido en la decisión de Terranum.
Luego se invitó a Decameron –cadena hotelera recientemente adquirida por el grupo Santo Domingo– pero después de haber visto diferentes proyectos turísticos en Centroamérica, la propia familia Santo Domingo y el Gobierno llegaron a la conclusión de que el desarrollo de Playa Blanca Barú tenía que ser de unos estándares de calidad superiores.
Se invitó entonces a representantes de Hyatt y Hilton, pero el argumento permanente era que no hacen proyectos si no hay un desarrollo bien planeado. Entonces, se montó un plan de desarrollo que incluía el tema social, la forma de reorganizar la playa y darle a la comunidad una oportunidad de mejorar su nivel de vida, introduciendo cooperativas y proveedores de insumos.
Con estas consideraciones, “se creó un grupo que lideró Sebastián Echavarría, mi hijo, que es banquero y trabajó en Wall Street y JP Morgan. Él consiguió un grupo de inversionistas dispuestos a poner entre US$150 millones y US$200 millones y convenció a la cadena Marriott de que hicieran una propuesta seria”, dice Echavarría. Se trataba del grupo denominado Barú Capital, con el cual se inició una negociación seria que duró hasta diciembre del año pasado.
Ese capítulo se cerró antes de terminar 2014, pues el grupo invitado no aceptó la valorización que los socios promotores hacían sobre el valor de la tierra. Por instrucciones de Simón Gaviria, director de Planeación Nacional –entidad a la que pertenece Fonade–, se solicitó una extensión del plazo final para que se tomara una decisión. Y cuando estaba a punto de vencerse, ocurrió algo inesperado. La devaluación del peso del fin de año cambió el panorama del proyecto. En esas nuevas condiciones, la oferta original hecha a principios del año por el potencial grupo inversionista era más atractiva y superaba las expectativas de Fonade. Reconocían el valor de la tierra en US$100 millones y en ese momento el avalúo de Agustín Codazzi era por US$60 millones, incluyendo los gastos.
En relación con ese episodio, Valorem aclara que es natural que en proyectos de esta envergadura se presenten divergencias entre los socios. Agrega que para los Santo Domingo la prioridad es que el proyecto se desarrolle bajo consideraciones internacionales de mercado y sujeto a las mejores prácticas de gobierno corporativo. En todo caso, puntualizan que no son diferencias insalvables y que deben poder resolverse de manera amigable al interior de la compañía.
