Deja un comentario Las medianas y pequeñas agencias de viajes colombianas, que representan el 70% del mercado, serán las más afectadas si es aprobado un proyecto de ley que será más riguroso y eficiente para garantizar la información que se proporciona al público en el momento de la comercialización de estos bienes y servicios lo que garantizaría que sea: “veraz, suficiente, clara, oportuna, comprensible, precisa e idónea y que lo ofrecido y vendido corresponda con la realidad de lo efectivamente prestado”, como reza la norma en estudio.
Las sanciones pasarían de 20 salarios mínimos a mil salarios mínimos conforme al proyecto de ley 243 de 2013, que busca reformar el actual régimen sancionatorio de protección de los derechos de los consumidores de bienes y servicios turísticos plasmado en la Ley 300 de 1996, según la información recabada por REPORTUR.
También, establece normas para agilizar el procedimiento judicial respectivo, cuando se trate de la vulneración de los derechos de los consumidores. La ley busca más protección a los derechos del consumidor de turismo.
La presidente de Anato, Paula Cortés, gestiona ante el Congreso de la República para que no sea aprobada esta ley, argumentando que las agencias de viajes son solo intermediarios y que el promedio de sanciones a agencias por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Aerocivil, tiene un impacto bajo en el rubro total de sanciones ocasionadas por reclamos de pasajeros.
