Ordena justicia española investigar a socios del Grand Coral

Los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, socios mayoritarios del hotel Grand Coral Riviera Maya, clausurado hace unos días por destruir una hectárea de manglar en Playa del Carmen, son investigados en España por irregularidades cometidas en la creación y gestión del grupo hotelero, señaló La Verdad.

Apenas la semana pasada, precisamente el pasado miércoles 17 de junio, el juez de la Audiencia Nacional Española, Javier Gómez Bermúdez, ordenó investigar los negocios que ambos empresarios realizaron junto a Bancaja y el Banco de Valencia en México, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida.

«Y para ello, la máxima autoridad judicial solicitó al Banco de España y a instituciones bancarias españolas Bankia y Caixabank, toda la documentación relativa a la actividad del Grand Coral, grupo que Ferri y Baldó constituyeron junto a Bancaja, su filial y otros empresarios para construir diversos complejos inmobiliarios residenciales en la Riviera Maya y Baja California», agregó el citado periódico.

Como se recordará, el pasado miércoles 25 de junio la Dirección General de Desarrollo Urbano de Solidaridad, clausuró una amplia zona del hotel Grand Coral Riviera Maya por destruir una hectárea de Mangle. Incluso, en el mismo lugar, personal de seguridad agredió físicamente y privó de su libertad a dos reporteros de importantes medios de comunicación del estado.

Este hecho, surge una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional Española, Javier Gómez Bermúdez, determinara la investigación sobre los negocios que los empresarios, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, realizaron junto a Bancaja y el Banco de Valencia en México.

Grupo Grand Coral, es una sociedad entre Bancaja y el Banco de Valencia e integrante de los primeros cinco grupos financieros españoles que decidieron detonar en el Caribe mexicano con sus propias inversiones con grandes y llamativos proyectos.

La orden del juez deja abiertas dos causas contra los citados empresarios en manos de la Fiscalía Anticorrupción, a los que ya tiene imputados y en libertad bajo fianza de 1.5 millones de euros cada uno por las supuestas irregularidades cometidas en la creación y gestión del grupo hotelero Valfensal, que pusieron en marcha junto a la Caja de Ahorro del Mediterráneo en el Caribe.

El mismo magistrado solicitó a las instituciones bancarias Bankia y Caixabank y al Banco de España que le trasladen toda la documentación relativa a la actividad de Grand Coral, el grupo que Ferri y Baldó constituyeron junto a Bancaja, su filial y otros empresarios para construir diversos complejos inmobiliarios residenciales en el Caribe mexicano y en el estado de Baja California.

Hay que recordar que sólo en Quintana Roo, el grupo Grand Coral tiene proyectado construir más de 6 mil 900 viviendas de lujo, plan que iba a ser uno de los mayores desarrollos urbanísticos de toda la Riviera Maya. Para ello, en total, la caja valenciana y su participada aportaron alrededor de 540 millones de euros entre inyecciones de capital y créditos, la mayoría de los cuales siguen pendientes de devolución. De hecho, la propia Bankia cifraba en su denuncia en 330 millones de euros el quebranto económico que podía ocasionarle el impago de los préstamos vivos.

Según versiones periodísticas de España, la citada querella pone de manifiesto que la mayor parte de estos créditos –destinados a la adquisición de enormes extensiones de terreno– se concedieron sin disponer de tasaciones adecuadas que garantizasen su cobro o, directamente, sin ellas.Además, cuestiona la legalidad de las compras de acciones que realizó Bancaja ya que, en varias ocasiones, adquirió los títulos a un precio muy superior al del resto de socios. En 2009, la caja valenciana pagó cada acción a 50 mil euros cuando los hoteleros, apenas unos días antes, habían abonado 100 euros por título.

Además, al igual que ocurrió con el grupo hotelero que creó junto a la CAM, todo el negocio se dirigía a través de sociedades radicadas en Holanda para dificultar su control fiscal. En el caso de los negocios que Ferri y Baldó tenían con la entidad alicantina, se investiga el supuesto desvío de más de 200 millones de euros de la facturación de los hoteles al paraíso fiscal de Curazao.