La empresa BVG World S.A. de C.V. ha promovido dos amparos contra una eventual clausura de su proyecto Grand Island de 3,000 habitaciones y 10,000 millones de pesos en inversión. Los recursos promovidos son el 1414/2019 y el 1391/2019, los cuales establecen que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Según la lista de acuerdos publicada en la página del Consejo de la Judicatura federal, la autoridad contra la que se están amparando los promoventes del Grand Island es el delegado de programas de desarrollo social del gobierno federal en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín.
En los datos generales de ambos expedientes se consigna que los amparos se presentaron desde el pasado 31 de septiembre del 2019, apenas dos semanas después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués, anunciaran la importancia del proyecto.
Tras darse a conocer la noticia, el delegado Abreu Marín informó que estaban reuniendo documentación que darían a conocer públicamente en próximas semanas sobre el proyecto, el cual calificó de “incorrecto”. “Estamos de acuerdo en que es incorrecto; no lo digo yo, lo dice Sema (Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo); yo todavía no lo puedo decir”, aseguró entonces el funcionario, según informa El Economista.
Marcos Sacal, director general de la empresa Murano, responsable operativo del proyecto, ha precisado que el complejo supone la creación de miles de empleos durante su construcción y en la etapa de operación.
“Se estima una creación de empleos durante su construcción de alrededor de 7,500 y durante la operación de 12,000, entre directos e indirectos, para llegar a una totalidad de 20,000 empleos durante la vida del proyecto”, señala. La obra incluye, además, la construcción de un Centro de Convenciones, el más grande de Cancún, que formará parte de la primera fase, con un espacio de 10,000 metros cuadrados.
El proyecto de Grand Island ha generado polémica. Por un lado, los ecologistas se oponen a la construcción del megahotel, y, por otro, a los trabajadores que apoyan la construcción porque supone generar miles de empleos e impulsar la derrama económica en el destino, como ya informó REPORTUR.mx (Grand Island: manifestación inédita para apoyar el proyecto).